Casi da la risa la perfecta sincronización entre una cosa y otra. Un día unos fanáticos religiosos asesinan a diez humoristas por ejercer su libertad de expresión. El mundo libre, conmocionado e indignado, se vuelca con ellos; sus colegas periodistas, desde todas partes, replican sus caricaturas más polémicas para demostrar que la vileza del asesinato no podrá callar sus plumas. La libertad de expresión por encima de todo, no nos callarán, son bárbaros. Se nos llena la boca con la defensa de nuestra cultura, de nuestra civilización occidental con su Estado de Derecho y, sobre todo, con la defensa del derecho a decir lo que uno quiera, a pesar de los pesares.

Al día siguiente en esta España nuestra nos enteramos de que Facu Díaz, un ¿famoso? twittero con afán humorísico, ha sido imputado por la Audiencia Nacional por un vídeo no muy gracioso donde hace una parodia de comunicado de ETA, sólo que, en vez de los terroristas vascos, es un encapuchado del Partido Popular el que anuncia la disolución de su partido.

El supuesto delito es “humillación a víctimas de terrorismo”. El vídeo es el siguiente para que cada cual juzgue. Que alguien me explique dónde está esa humillación.

Que le hayan imputado no significa, ni mucho menos, que vaya a ser condenado. Es más, casi me atrevería a apostarme una cena a que este asunto queda en nada. Pero que simplemente se pueda llegar a considerar que hay indicios de delito en esto o siquiera que alguien se plantee llevarlo a juicio (como es el caso de Dignidad y Justicia) y que haya muchos que lo aplaudan da una pésima idea de la cultura democrática que exite en este país. Y aunque finalmente no tenga más consecuencias (eso espero), el objetivo de generar miedo seguramente se habrá conseguido pues, si a este lo llevan a la Audiencia Nacional por ese absurdo gag, casi mejor no decir nada, no vayamos a meternos en follones.

Luego dirán de Venezuela.