Todo el revuelo que se ha montado en torno al caso del juez Tirado me parece bastante vergonzoso por parte de los medios de comunicación, en general, y de El País, en particular. La manipulación de este periódico ha sido de libro y un insulto a la inteligencia pero, por desgracia, hay veces que no hay tiempo para pararte a pensar y te quedas con la idea que te han dejado caer como el que no quiere la cosa.

Los hechos son bien conocidos por todos a estas alturas. Tal vez se me escape algún gazapo pero creo que podría resumirse así: el juez Tirado no ejecutó durante dos años la sentencia que recaía sobre Santiago del Valle por abusos sexuales a su hija -es decir, no le metió en la cárcel, como correspondía- y éste último, en ese lapso de tiempo, aprovechó para matar a otra niña, la desgraciadamente famosa Mari Luz. Sin ánimo de ser exhaustivo, sólo señalaré el siguiente titular del día 24 del pasado mes que, creo recordar, estuvo en la portada de la edición impresa:

El corporativismo del Poder Judicial salva al juez del ‘caso Mari Luz’

Hago notar, antes de seguir, que corporativismo no va entrecomillado.

La primera, en la frente, es de las gordas. ¿El juez del caso Mari Luz? ¿Cómo que el juez del “caso Mari Luz”? Que yo sepa, a Santiago del Valle todavía no se le ha juzgado por ese crimen (de hecho, tienen buen cuidado de afirmar que “supuestamente asesinó”, puesto que no ha habido juicio). El señor Tirado es el juez del caso Santiago del Valle, si se quiere, pero de ningún modo del caso Mari Luz. ¿Qué pretenden conseguir con eso? Lo obvio: demagogia. Apelar a los sentimientos porque la razón no les asiste. “Es el juez que permitió que una pobre niña muriera”.

La segunda, era de esperar, es lo del corporativismo. ¿En qué se basan para afirmar que ha habido corporativismo? ¿Qué datos tienen? ¿Alguna conversación grabada en la que los jueces afirman que van a salvarle el culo a su colega? ¿Algo? ¿Un indicio? ¿Siquiera algún razón que sustente lo que -yo diría que está claro- es una opinión? No parece.

Lo que sí se sabe es que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, le impuso esa sanción que más tarde, el nuevo CGPJ, de mayoría progresista, ha refrendado. Es decir, que hay catorce jueces, solamente del actual Consejo, de diferente signo político, que opinan que el reglamento está bien aplicado con ese castigo al juez Tirado. También se sabe que desde el Gobierno se dijo, como respuesta a esta decisión, que habría que cambiar el reglamento. ¿Habría que cambiarlo si no se pudiera interpretar como se ha interpretado por una gran mayoría de los miembros del Consejo?

¿Cada vez que no condenen a un juez, o le impongan el más severo castigo, será por corporativismo? ¿O podrá ser que se le haya aplicado con justicia un reglamento?

Quizás se pudiera hablar de corporativismo si la decisión hubiera sido manifiestamente injusta. Pero, ¿lo ha sido? El juez Tirado cometió una negligencia. Es discutible -muy discutible- qué parte de culpa le corresponde puesto que la situación de la justicia en España no parece ser el mejor escenario posible. Retrasos, papeleos, se acumulan los casos… los jueces no dan abasto. Pero, bien, admitimos que la hubo. Su negligencia consistió en no hacer que detuvieran a un señor. Ya está. Que Santiago del Valle asesinara durante ese tiempo no puede achacársele al ya famoso juez. No se le puede juzgar por eso. Y es, precisamente, el muerto que se le quiere echar encima por todos los medios.

¿Alguien hablaría de este caso si no hubiera muerto nadie? Lo cierto es que no. Y esa muerte no está en relación causa-efecto con la negligencia del juez Tirado. ¿Parecería entonces, dejando de lado a Mari Luz, si únicamente consideramos lo que se le puede reprochar al juez, injusto sancionarle únicamente con 1500 ?

¿Cómo se cambiará el reglamento, si finalmente se hace? ¿Pasará a ser una negligencia así motivo de inhabilitación? Es decir, ¿no ejecutar una sentencia equivaldrá a dejar de poder ejercer como juez? Tengo la impresión de que muchos tendrán que abandonar su puesto. ¿O bien dependerá de lo que el reo haya hecho? ¿Habrá que esperar, pues, a que muera antes de sancionar al juez, por si acaso?

El Gobierno, sin embargo, y especialmente Bermejo, tienen mucho que callar. Lo más fácil del mundo es echar balones fuera, acusar de corporativismo a los jueces y hablar de reformar los reglamentos, en vez de admitir cierta propia culpa por el estado de la justicia y por las condiciones a las que se enfrentaba el propio juez Tirado, sobrepasado de trabajo. Si se reforma, finalmente, ese reglamento para tapar las vegüenzas de Bermejo, la razón habrá sucumbido un poco frente a la demagogia.